La mitad de los casi 25 mil detenidos en cárceles, osea 12500, bonaerenses cumplían el martes una huelga de hambre en reclamo de la agilización de sus causas judiciales y, aunque la medida se desarrollaba pacíficamente, el gobernador Felipe Solá descartó que se puedan generar incidentes de gravedad en los penales. Solá negó que la huelga de hambre, que llevan adelante los internos de 28 de las 52 unidades de la provincia, pueda producir motines.
"El reclamo está fundamentalmente dirigido a la Justicia, no es un reclamo por las condiciones de detención, sino que simplemente han reproducido el mismo reclamo hacia la justicia por la agilización de las causas", agregó el procurador penitenciario a radio Del Plata. "El reclamo básico está particularmente referido al tratamiento de la prisión preventiva, una medida que a mi modo de ver se ejercita de modo abusivo, hoy tememos un 80 por ciento de procesados y 20 por ciento de condenados, una cifra muy alta", consideró Mugnolo, quien resaltó que tampoco en el ámbito federal hubo manifestaciones de violencia sino "un reclamo muy racional". Sobre la huelga que desde hace 12 días se lleva adelante en los penales bonaerenses, fuentes del ministerio de Justicia provincial confirmaron que el SPB realiza permanentes controles médicos a los internos que cumplen esta protesta y hasta ayer por la mañana no se evidenciaban graves signos de deterioro físico en ellos. Se informó que el Servicio provee a los internos leche y jugo de naranja, se aumentó la cantidad de yerba mate y azúcar. Según un detalle suministrado por el Servicio Penitenciario, en la Unidad 9 de La Plata mil internos cumplen con la huelga de hambre; en la uno de Olmos, 468; en la 8 de Los Hornos, 152; en la 24 de Florencio Varela, 670; en la 28 de Magdalena, 620; en la 45 de Melchor Romero, 194; en la 35 de Los Hornos, 200; en la 51 de Magdalena, 26 y en la 5 de Mercedes, 614. En la 6 de Dolores; 211 internos; en la 23 de Varela, 439; en la 13 de Junín; en la 2 de Sierra Chica, 1.244; en la 3 San Nicolás, 430; en la 37 de Barker, 638; en la 4 de Bahía Blanca, 3; en la 32 de Varela, 407; en la 35 Magdalena, 711; en la 17 de Urdampilleta, 278; en la 7 de Azul, 144; en la 30 de general Alvear, 1.615; en la 36 de Magdalena, 650; en la 21 de Campana, 202; en la 38 de Sierra Chica, 648; en la 15 de Mar del Plata, 415 y en la 41 de Mar del Plata, 41.
Ayer, a raíz del reclamo, la Suprema Corte de Justicia bonaerense comenzó a auditar si existen situaciones de mora injustificada en juzgados y tribunales con el llamado a juicio de personas privadas de su libertad. La medida se adoptó en respuesta a los reclamos de los presos en huelga de hambre, quienes exigen que se agilicen sus causas judiciales, debido a que la gran mayoría de ellos se encuentran con prisión preventiva. Los presos entregaron un petitorio en el que reclaman la creación de una ley procesal de excarcelación acorde a las pautas establecidas por los organismos de derechos humanos, la conformación de una figura procesal que sancione a los jueces que incumplan sus funciones y que se fije un plazo razonable de prisión preventiva, entre otras cuestiones. La gravedad de la situación originada por el tiempo que llevan los presos cumpliendo la medida, determinó que el Comité contra la Tortura de la Comisión provincial por la Memoria presentara un hábeas corpus colectivo para que se resguarde la salud de los internos.
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